Si el apunte “P.S.” es la cerilla política de la libreta, la UCO es el incendio de fondo. La Unidad Central Operativa no aparece como una mención aislada, sino como un eje repetido, casi obsesivo. En las páginas atribuidas a Leire Díez se suceden referencias a mandos, investigaciones, filtraciones, denuncias internas, hidrocarburos, Koldo, Ábalos, Aldama y Guardia Civil.
Aquí la libreta deja de ser una suma de apuntes inconexos para convertirse en un patrón. Balas, Villalba, Estepa, Bonilla, la Dirección General de la Guardia Civil, el DAO, Marlaska, el secretario de Estado, la Fiscalía Anticorrupción: todos aparecen orbitando alrededor de un mismo problema político-policial. ¿Quién investiga a quienes investigan al poder?
Una página recoge expresiones especialmente sensibles sobre Marlaska, el secretario de Estado y la UCO. Otras páginas aluden a “investigación interna”, filtraciones o intentos de reconstruir supuestas irregularidades dentro de la Guardia Civil. La cuestión no es solo qué sabía Leire Díez, sino qué pretendía hacer con lo que decía saber.
Según el sumario, la UCO sitúa reuniones de Díez con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, y apunta indicios de que en esos encuentros se habría trasladado información contra la propia UCO e instado a abrir una investigación interna sobre la unidad. Interior, según la misma información, niega que González encargara una investigación interna a petición de Díez.
La Fiscalía Anticorrupción también ha pedido que declare como testigo el general Alfonso López Malo para contextualizar su afirmación ante la UCO de que existió una orden de “no ser proactivos” y “ponerse de perfil” en investigaciones vinculadas al entorno del presidente. La investigación subraya que la Fiscalía reclama documentación sobre aquella intervención en la sede de la Guardia Civil y sobre las investigaciones internas abiertas.
Pese a que no se puede afirmar que hubo una operación acreditada para destruir la UCO, antes de que los tribunales lo fijen, no se puede minimizar la gravedad de que una libreta atribuida a una exmilitante socialista investigada contenga un mapa tan insistente sobre mandos de la unidad que investigaba casos sensibles para el Gobierno.
La UCO aparece como problema, como amenaza, como fuente de filtraciones supuestas, como objetivo de investigación interna y como institución a desacreditar. Esa acumulación no prueba por sí sola un delito, pero sí demuestra una orientación: el foco estaba puesto sobre quienes investigaban.
Hay algo antiguo en todo esto. Cada vez que una unidad policial toca zonas sensibles del poder, nace la tentación de discutir no solo sus pruebas, sino su legitimidad. A veces esa discusión es necesaria. La policía también debe ser controlada. Pero otra cosa es convertir el control institucional en una campaña de descrédito.
La gran pregunta del caso UCO no es solo si Leire Díez actuó por cuenta propia o por encargo. Es si el Estado, en alguno de sus pliegues, volvió a jugar con una vieja tentación: usar los resortes internos para condicionar investigaciones incómodas.