El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha expresado su apoyo a una nueva legislación presentada por el senador Tom Cotton que busca restringir el acceso de inmigrantes ilegales al sistema bancario estadounidense. La propuesta, conocida como la Ley de Conocer a Su Cliente Americano, obligaría a las instituciones financieras a verificar el estatus legal de los nuevos clientes, asegurando que solo ciudadanos y residentes legales puedan abrir cuentas. Esta medida se alinea con los esfuerzos de la administración Trump para reforzar la aplicación de las leyes de inmigración y podría tener un impacto significativo en cómo los bancos operan en relación con sus clientes. La legislación aún debe pasar por el proceso legislativo, pero refleja una tendencia hacia un control más estricto sobre la inmigración y el uso del sistema financiero.
El Departamento del Tesoro ha expresado su respaldo a una nueva legislación presentada por el senador Tom Cotton (R-AR), que busca limitar el acceso de inmigrantes ilegales al sistema bancario de Estados Unidos. Según un comunicado proporcionado a The National Pulse, el departamento reafirmó su compromiso con la agenda migratoria del presidente Donald J. Trump, utilizando todas las herramientas disponibles.
La propuesta, conocida como la Ley de Conocimiento de Clientes Americanos, fue introducida en marzo de 2026 y tiene como objetivo exigir a las instituciones financieras verificar el estatus legal de los nuevos clientes. La declaración del Tesoro se mostró favorable al objetivo legislativo, alineándose con los esfuerzos más amplios de la administración para endurecer la aplicación de las leyes migratorias.
Cotton presentó la Ley de Conocimiento de Clientes Americanos en marzo de 2026. Esta legislación está diseñada para restringir a los migrantes ilegales el acceso al sistema bancario estadounidense. Un artículo de The National Pulse indica que una declaración del Tesoro parece respaldar el concepto detrás del proyecto de ley.
El proyecto obligaría a las instituciones financieras en EE.UU. a verificar el estatus legal de los nuevos clientes para garantizar el cumplimiento de las leyes migratorias. Esta iniciativa sigue discusiones previas dentro de la administración Trump sobre utilizar el sistema financiero como un nuevo frente en la aplicación de leyes migratorias. Informes de febrero de 2026 indicaron que se estaba considerando una orden ejecutiva que requeriría a los bancos recopilar información sobre la ciudadanía de sus clientes.
La Ley de Conocimiento de Clientes Americanos exigiría a los bancos y cooperativas de crédito asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) o la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito (NCUA) confirmar que las personas que abren nuevas cuentas son ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes o están legalmente presentes con una visa válida. Los clientes tendrían que presentar identificación, como licencia de conducir o pasaporte, junto con prueba del estatus legal.
Los clientes existentes serían exentos bajo este sistema, permitiéndoles mantener o abrir nuevas cuentas en sus instituciones actuales. Sin embargo, según la ley propuesta, sería un delito federal para los migrantes ilegales abrir o mantener cuentas en las instituciones cubiertas.
Un portavoz del Tesoro afirmó: "El presidente Trump ha adoptado una postura más firme contra la inmigración ilegal que cualquier otro presidente en la historia". Además, destacó que el Tesoro está comprometido con apoyar la agenda del presidente utilizando todas las herramientas disponibles, incluyendo capacidades específicas contra el lavado de dinero para proteger a los ciudadanos estadounidenses.
Cotton comentó: "El acceso al sistema bancario estadounidense es un privilegio que debe reservarse solo para aquellos que respetan nuestras leyes y soberanía". Los defensores del proyecto argumentan que busca asegurar que las instituciones financieras cumplan con las leyes migratorias y prevenir que los migrantes ilegales utilicen servicios bancarios.
En 2025, Cotton envió una carta al secretario Bessent instando a revisar las reglas actuales sobre el acceso al sistema bancario por parte de inmigrantes ilegales. Este impulso legislativo sigue esfuerzos administrativos más amplios. El Financial Times reportó en febrero de 2026 que la Casa Blanca estaba considerando una orden ejecutiva para obligar a los bancos a recopilar información sobre ciudadanía, representando un nuevo impulso significativo en la estrategia del presidente Trump para frenar la migración indocumentada.
La introducción del proyecto coincide con otros incidentes reportados que vinculan la inmigración ilegal con preocupaciones sobre seguridad nacional. En marzo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que tres cuartas partes de los acusados enfrentando juicios por asesinato en Fairfax County, Virginia eran inmigrantes ilegales.
Si se aprueba, la Ley de Conocimiento de Clientes Americanos impondría nuevos requisitos de verificación a bancos y cooperativas crediticias en EE.UU., lo cual podría representar un cambio operativo significativo para estas instituciones. Expertos legales señalan que esta legislación deberá pasar por comités y votaciones en ambas cámaras del Congreso. La declaración favorable del Tesoro indica que esta propuesta se alinea con los objetivos políticos migratorios del gobierno actual.
A medida que avanza este debate legislativo, surgen preocupaciones sobre el uso potencial del sistema financiero para vigilancia y control social. Las implicaciones son profundas y podrían afectar no solo a quienes buscan acceder al sistema bancario sino también plantear cuestiones sobre derechos civiles y privacidad.
El apoyo del Departamento del Tesoro al proyecto presentado por Cotton representa un esfuerzo continuo por parte de la administración Trump para utilizar el sistema financiero como herramienta en la aplicación migratoria. La Ley de Conocimiento de Clientes Americanos podría transformar fundamentalmente cómo los bancos verifican la elegibilidad del cliente, buscando restringir el acceso únicamente a aquellos legalmente presentes en Estados Unidos.
Aunque el camino legislativo aún es incierto, la alineación entre los patrocinadores del proyecto y el poder ejecutivo sugiere que será una prioridad futura. Este debate toca temas más amplios relacionados con inclusión financiera, privacidad y el papel institucional en la regulación fronteriza nacional.