El Partido Popular ha aprobado una iniciativa en la Comisión Mixta sobre Insularidad que insta al Gobierno a garantizar el pago del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI) para Canarias. Esta medida busca asegurar la supervivencia del sector agrícola en el archipiélago, donde 7.800 agricultores y ganaderos dependen de estas ayudas. La diputada Ainhoa Molina subraya que el POSEI no es un privilegio, sino un recurso esencial para compensar las desventajas estructurales de las Islas Canarias. Además, denuncia una deuda acumulada del Gobierno de 24,9 millones de euros que pone en riesgo la actividad agrícola y la soberanía alimentaria de la región.
En la Comisión Mixta sobre Insularidad
El Partido Popular ha logrado avanzar en una iniciativa que exige al Gobierno español financiar su parte del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI). Este programa, creado por la Unión Europea, tiene como objetivo compensar las desventajas que enfrentan las regiones ultraperiféricas, como es el caso de las Islas Canarias.
La diputada del GPP por Santa Cruz de Tenerife, Ainhoa Molina, subrayó que el POSEI “no es un privilegio, sino un instrumento esencial” para mitigar las desventajas estructurales que afectan a estas regiones. Entre estas desventajas se encuentran la lejanía, la fragmentación territorial, los costos elevados de transporte y la dificultad para competir en igualdad de condiciones con otras áreas.
Molina instó al Gobierno a “cumplir con Canarias”, tal como lo establece el régimen económico y fiscal vigente. En este sentido, destacó que hay alrededor de 7.800 agricultores y ganaderos que operan en condiciones mucho más difíciles que en otros territorios y dependen de estas ayudas para mantener sus actividades.
“Los canarios no piden privilegios; piden respeto, estabilidad y cumplimiento de compromisos”, afirmó. La diputada enfatizó que “está en juego la supervivencia del campo canario”, haciendo hincapié en la importancia de estas ayudas para el sector agrícola local.
Molina también denunció que “no es razonable” que quienes trabajan la tierra en Canarias vivan en una constante incertidumbre, esperando cada año a ver si el Gobierno cumplirá con su parte. Además, acusó al Ejecutivo de acumular una deuda de 24,9 millones de euros, correspondiente a las campañas entre 2022 y 2024. Esta situación pone en riesgo tanto las explotaciones familiares como la soberanía alimentaria del archipiélago.