El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha iniciado una ofensiva en el Congreso de los Diputados para exigir la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la renuncia del director adjunto operativo (DAO) de la Policía por una presunta agresión sexual. El GPP solicita explicaciones sobre la permanencia de José Ángel González en su puesto a pesar de las denuncias en su contra y ha registrado varias comparecencias y preguntas al Gobierno para esclarecer los hechos y las posibles responsabilidades. La proposición no de ley presentada insta al cese inmediato de Grande-Marlaska y la suspensión cautelar de los mandos implicados, además de exigir medidas para proteger a futuras víctimas dentro del cuerpo policial.
En el Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha decidido no permanecer inactivo tras la dimisión del director adjunto operativo (DAO) de la Policía. En respuesta, ha lanzado una ofensiva en el ámbito parlamentario con el fin de solicitar la destitución del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y esclarecer por qué el Gobierno mantuvo a José Ángel González en su puesto a pesar de las denuncias por agresión sexual que pesaban sobre él desde hace un mes.
El GPP busca exigir explicaciones al ministro, cuya comparecencia ante la comisión de Interior fue registrada esta mañana, después de que la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, reclamara su dimisión durante la sesión de control.
Además, se han solicitado las comparecencias del director general de la Policía Nacional y de la subdirectora de Recursos Humanos y Formación del Cuerpo. Esta última es responsable de tramitar la baja de la víctima en julio pasado, y el GPP cuestionará si activó los protocolos internos para proteger a la mujer agredida y cómo se comunicó con sus superiores jerárquicos.
A través de una proposición no de ley (PNL), que será debatida tanto en el pleno como en la comisión de Interior, el GPP exige al Gobierno que cese a Grande-Marlaska por “su actuación y falta de control ante delitos de agresión sexual, coacciones y malversación de fondos públicos”. También solicita la suspensión cautelar de todos los mandos implicados para evitar que puedan influir en las investigaciones o en la situación profesional de la víctima.
La gravedad del caso se ve acentuada por el presunto intento de varios mandos policiales por presionar a la víctima y encubrir los delitos dentro del ministerio del Interior.
Ante esta situación, el GPP ha registrado dos series de preguntas dirigidas al Gobierno para averiguar desde cuándo tuvo conocimiento el ministerio del Interior sobre los hechos denunciados y qué otros mandos policiales estaban al tanto sin haber tomado medidas para proteger a la víctima.
Asimismo, el GPP está interesado en revisar las medallas y condecoraciones otorgadas al comisario Óscar San Juan, quien supuestamente intentó coaccionar a la víctima. También pone en tela de juicio el uso indebido de recursos públicos con fines ilícitos.
“Dada la gravedad de los hechos, el tiempo transcurrido y las acusaciones de encubrimiento, ¿asumirá el ministro del Interior alguna responsabilidad política?”, pregunta el GPP en una serie compuesta por quince interrogantes dirigidas al Ejecutivo.
Por último, el Grupo Popular también demanda aclaraciones al ministerio de Igualdad respecto a sus competencias en “supervisión, evaluación o seguimiento” sobre los protocolos frente al acoso sexual dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El GPP cuestiona si “existen canales institucionales para garantizar que las víctimas pertenecientes a cuerpos jerarquizados reciban atención integral especializada” o si se ha ofrecido asistencia o acompañamiento a la presunta víctima mediante recursos disponibles.
En total, se han planteado tres comparecencias, 35 preguntas y una PNL con las cuales el GPP busca esclarecer aspectos aún oscuros para determinar posibles responsabilidades y proteger a futuras víctimas.