El Parlamento Europeo ha instado a España a ratificar de inmediato la reforma de la ley electoral europea, que incluye la implementación de un umbral electoral mínimo de entre el 2% y el 5% en las elecciones europeas. Esta decisión pone fin a años de bloqueo y busca corregir distorsiones democráticas en el acceso al Parlamento. A pesar del apoyo generalizado en Europa, los eurodiputados socialistas españoles han votado en contra, alineándose con sus socios nacionalistas y prolongando una anomalía electoral que beneficia a partidos como Bildu y Esquerra Republicana. La reforma también promueve mayor transparencia electoral al exigir que las papeletas incluyan todos los partidos en coalición, abordando así demandas históricas.
En el Pleno de Estrasburgo
El Parlamento Europeo ha dado un paso significativo al aprobar un informe que pone fin a años de estancamiento y exige a España la ratificación inmediata de la reforma de la ley electoral europea, acordada en 2018. A diferencia de sus colegas europeos, los socialistas españoles han votado en contra de este informe, que propone un umbral electoral mínimo entre el 2% y el 5% para las elecciones europeas.
Este informe vincula el bloqueo actual a decisiones políticas internas, específicamente a los acuerdos de investidura entre los socialistas y el PNV, uno de los beneficiarios del anterior modelo electoral. La Eurocámara ha señalado que se antepone la agenda nacional a la comunitaria.
El documento recuerda que la reforma fue respaldada por unanimidad en el Consejo, con el apoyo de todos los jefes de Estado y Gobierno de la Unión, incluido Pedro Sánchez. Esta no es una simple recomendación ni una propuesta en debate; es una decisión cerrada que actualmente está bloqueada en toda la UE debido a la falta de ratificación por parte de España.
El eurodiputado del Partido Popular y ponente del informe, Borja Giménez Larraz, ha destacado que esta votación representa “un punto de inflexión institucional”. Ha celebrado que la Eurocámara haya tomado una posición clara tras años de parálisis. “Europa ha dejado claro que este bloqueo no es técnico ni inevitable”, afirmó, señalando que es una elección política consciente del Gobierno español.
La reforma introduce la obligación de establecer un umbral electoral entre el 2% y el 5% en Estados con circunscripciones únicas grandes como España. Este cambio busca corregir distorsiones democráticas y asegurar que el acceso al Parlamento refleje un respaldo ciudadano mínimo. Este estándar ya se aplica en muchos Estados miembros y también en procesos electorales autonómicos en España.
La falta de un umbral en España ha permitido que partidos con escaso apoyo nacional obtengan representación desproporcionada en la Eurocámara, lo que afecta al principio de igualdad del voto y altera el equilibrio del sistema representativo.
La votación ha evidenciado el aislamiento del PSOE en Europa. Mientras una amplia mayoría de socialistas europeos apoyó el informe, los eurodiputados socialistas españoles optaron por mantener su bloqueo para evitar incomodar a sus socios nacionalistas, alejándose así de la postura mayoritaria dentro de su propia familia política.
Por su parte, Vox también votó junto al PSOE en contra del informe, lo que contribuye a perpetuar una anomalía electoral que beneficia directamente a partidos nacionalistas como Bildu o Esquerra Republicana. Con esta decisión, Vox se alinea con la estrategia del Gobierno para mantener un sistema que distorsiona la igualdad del voto.
Un avance destacado es el aumento en la transparencia electoral. Las papeletas deberán incluir todos los partidos que concurren en coalición, atendiendo así a una demanda histórica del PP en regiones como Galicia. Esta medida busca poner fin al ocultamiento informativo al elector sobre las alianzas electorales.
Tras la votación, Giménez Larraz subrayó que “el resultado lanza un mensaje político claro: Europa no puede seguir rehén de pactos internos ni cálculos partidistas que bloquean decisiones ya adoptadas”. El texto aprobado insta al Gobierno español a iniciar sin demora el procedimiento de ratificación, cerrando así una etapa de bloqueo perjudicial para la credibilidad institucional del país y su capacidad para influir en futuras reformas europeas por cuestiones meramente nacionales.