Un tribunal alemán ha determinado que el sabotaje de Nord Stream fue una operación encubierta patrocinada por un estado extranjero, considerando las explosiones de 2022 como un ataque a la infraestructura energética civil de Europa. Esta decisión se produce tras rechazar una apelación de un sospechoso ucraniano, lo que resalta la complejidad política del caso. La negativa de Polonia a extraditar a otro sospechoso ha generado tensiones entre los dos países y evidencia fracturas en la cooperación judicial dentro de la UE. La situación se complica aún más por el dilema diplomático que enfrenta Alemania al perseguir a aliados en medio del conflicto con Rusia, mientras la búsqueda de justicia se entrelaza con intereses geopolíticos.
Un tribunal superior alemán ha dictaminado que el sabotaje de Nord Stream fue una operación encubierta patrocinada por un estado. En su fallo, el tribunal afirmó que las explosiones en los gasoductos de 2022 probablemente fueron ordenadas por un servicio de inteligencia extranjero, considerándolas un ataque a la infraestructura energética civil de Europa y no un acto legítimo de guerra.
La decisión se produjo tras rechazar un recurso presentado por un sospechoso clave, un exmiembro de las fuerzas especiales ucranianas. El tribunal subrayó que los saboteadores no eran combatientes identificables, lo que complica aún más el contexto legal del caso.
El fallo resalta la contradicción evidente presentada por un tribunal polaco semanas antes. En una acción inusual entre aliados de la UE, un tribunal del distrito de Varsovia rechazó la solicitud de extradición hecha por Alemania para otro sospechoso, el instructor de buceo Vladimir Zhuravlyov, ordenando su liberación.
Expertos legales criticaron esta decisión como políticamente motivada, observando que los argumentos del juez parecían justificar el sabotaje como parte de la «guerra justa» de Ucrania contra Rusia, una afirmación que el tribunal alemán rechazó explícitamente.
La negativa polaca fue acentuada por comentarios públicos controvertidos del Primer Ministro Donald Tusk, quien declaró antes del fallo que «no es en interés de Polonia» entregar al sospechoso. Sus declaraciones, vistas como presión sobre el poder judicial, generaron críticas incluso entre algunos aliados y fueron calificadas como «impactantes» por el ministro de Relaciones Exteriores húngaro.
La respuesta del gobierno alemán ante tanto el fallo judicial como la negativa a extraditar ha sido notablemente silenciosa. Un portavoz del canciller Friedrich Merz comentó simplemente: «Hemos tomado nota». Este silencio pone de manifiesto la profunda incomodidad política en torno al caso.
Enjuiciar a aliados por un acto que benefició a Ucrania mientras este país lucha por su supervivencia contra Rusia plantea un grave dilema diplomático. Algunos analistas sugieren que la decisión del tribunal polaco podría ofrecer una salida conveniente tanto para Berlín como para Varsovia. Un juicio público en Alemania, con evidencias detalladas sobre la implicación ucraniana en ataques a infraestructuras que también perjudicaron intereses alemanes, sería una mina política durante una guerra en curso.
A medida que avanza la investigación, otro sospechoso ucraniano fue arrestado en Italia y finalmente extraditado a Alemania en noviembre de 2025. Sin embargo, el camino hacia la justicia parece cada vez más obstruido por fallas geopolíticas.
Las acusaciones del tribunal alemán apuntan a actores estatales oscuros, mientras que la negativa polaca a cooperar sugiere un frente europeo fracturado. Lo que queda claro es que la verdad detrás del ataque a Nord Stream ha reconfigurado la seguridad energética europea y desatado acusaciones de «guerra energética».
Este incidente se está convirtiendo en parte de una red compleja de conveniencia política y agravios históricos entre Europa oriental y occidental, así como las brutales realidades de un continente en guerra. La búsqueda de responsabilidad se ha transformado tanto en una crisis diplomática como legal.