Portugal enfrenta una grave interrupción debido a la primera huelga general en 12 años, convocada por las principales federaciones sindicales en respuesta a reformas laborales sin precedentes. Se han cancelado numerosos vuelos y trenes, y se han cerrado escuelas y pospuesto operaciones hospitalarias en varias ciudades. La huelga ha llevado a un servicio mínimo de transporte público y a la paralización de la recolección de basura. A pesar del crecimiento económico reciente, el gobierno busca implementar cambios que los sindicatos consideran perjudiciales para los derechos de los trabajadores. La situación se complica con la falta de mayoría parlamentaria del gobierno y el creciente descontento entre los jóvenes trabajadores.
En un acontecimiento sin precedentes, decenas de vuelos y trenes han sido cancelados, las escuelas permanecen cerradas y las operaciones hospitalarias han sido pospuestas en varias ciudades de Portugal. Esto ocurre mientras las dos principales federaciones sindicales llevan a cabo una huelga general en respuesta a reformas laborales consideradas drásticas.
El transporte público ha operado con un servicio mínimo en muchas áreas, y los sindicatos han informado que la recolección de basura se ha detenido por completo desde el inicio de la huelga el jueves.
La última vez que la CGTP y la UGT, esta última generalmente menos combativa, unieron fuerzas fue durante la crisis de deuda de la eurozona en 2013. En ese entonces, una "troika" de instituciones internacionales exigió recortes en salarios y pensiones como parte del rescate financiero a Portugal.
A doce años de distancia, aunque la economía portuguesa ha mostrado ser el sector de más rápido crecimiento dentro de la eurozona recientemente, el Primer Ministro Luís Montenegro sostiene que es necesario abordar las "rigideces" del mercado laboral para que las empresas sean más rentables y los trabajadores obtengan mejores salarios.
"No me rendiré en mi objetivo de tener un país con la ambición de estar a la vanguardia de Europa", declaró Montenegro antes del inicio de la huelga. Sin embargo, parece haber subestimado el descontento hacia los planes de su gobierno minoritario de centro-derecha. Uno de sus diputados socialdemócratas forma parte del ejecutivo de la UGT y votó a favor de la huelga.
A pesar de que el primer ministro realizó ajustes a algunas propuestas tras convocar a la federación para conversaciones el mes pasado, estas modificaciones no fueron suficientes para calmar las tensiones.
Entre las más controvertidas se encuentran más de 100 propuestas, tales como:
Los jóvenes portugueses son quienes probablemente se verán más afectados por estos cambios; sin embargo, las opiniones están divididas. Diogo Brito, auxiliar de vuelo con amigos que trabajan ocasionalmente en turismo, apoya el derecho a huelga pero respalda las reformas: "Es necesario. Debemos ponernos al día con los países más ricos y creo que con estas medidas podremos avanzar".
No obstante, Eduardo Ferreira, fotógrafo autónomo, expresa su preocupación al conocer a muchas personas que ya no pueden encontrar empleos seguros. Se siente satisfecho al ver cómo los sindicatos se unen en este "momento crítico" para Portugal: "Las cosas han sido difíciles desde la llegada de la troika y los trabajadores no habían reaccionado hasta ahora".
La CGTP ha calificado las reformas como "un ataque a los derechos laborales, especialmente para mujeres y jóvenes", mientras que la UGT considera que estas propuestas están "desconectadas" del contexto actual de crecimiento económico y estabilidad financiera.
El gobierno liderado por Montenegro carece de mayoría parlamentaria y busca apoyo no solo del pequeño partido Liberal (IL), sino también del partido ultraderechista Chega, que desde las elecciones generales de mayo se ha convertido en la segunda fuerza política más grande del país. Su líder, André Ventura, ha manifestado reservas sobre cómo algunas medidas podrían afectar la vida familiar pero está abierto a negociaciones.
Aunque Montenegro había descartado previamente acuerdos con Chega, tanto los sindicatos como el tercer partido más grande, los Socialistas, advierten que su postura ha cambiado. También alertan sobre intentos por modificar la constitución portuguesa de 1976 para flexibilizar protecciones laborales consideradas entre las más robustas en Europa.
Este tema también se ha entrelazado con la campaña electoral para las elecciones presidenciales programadas para enero próximo. Varios candidatos argumentan que el proyecto de reforma laboral infringe la constitución portuguesa vigente desde 1976.
Bajo el sistema "semi-presidencial" portugués, el jefe del Estado tiene la facultad de rechazar firmar leyes aprobadas por el parlamento. Las leyes pueden ser enviadas al Tribunal Constitucional para revisión o el presidente puede ejercer un veto que retrasa su aprobación aunque pueda ser anulado por una mayoría parlamentaria.
A medida que el gobierno busca reformar gran parte del código laboral, este escrutinio podría generar inquietud entre los votantes respecto a su radicalismo, especialmente dado que estas propuestas no formaban parte del programa electoral de la coalición gobernante.
A diferencia de muchas huelgas anteriores en Portugal, esta jornada no se limita al sector público. En Autoeuropa, la mayor fábrica del país perteneciente a Volkswagen ubicada al sur de Lisboa, casi mil empleados votaron unánimemente a favor del paro. Mário Mourão, secretario general de UGT, afirmó: "No creo que haya trabajador en este país que no esté afectado por las medidas negativas incluidas en esta reforma".