El gobierno de EE. UU. ha impuesto restricciones de visa a Fritz Alphonse Jean, un alto funcionario haitiano acusado de apoyar bandas criminales que desestabilizan el país. Jean niega las acusaciones, considerándolas una presión política. Haití enfrenta una grave crisis de violencia de pandillas, con 1.4 millones de personas desplazadas y el 90% de Puerto Príncipe bajo control de grupos armados. La medida se alinea con una política estadounidense que permite sanciones a quienes apoyen a estas organizaciones. A pesar del contexto crítico, la comunidad internacional debate sobre la influencia extranjera en los asuntos haitianos y la necesidad de elecciones en medio del caos.
En una medida significativa que refleja la profunda inestabilidad en Haití, el gobierno de los Estados Unidos ha impuesto restricciones de visa a un alto funcionario haitiano, acusándolo de apoyar a las bandas criminales que han llevado a la nación al borde del colapso.
El Departamento de Estado de EE. UU. anunció esta decisión el pasado lunes 24 de noviembre. Aunque el comunicado inicial no mencionó al funcionario específico, Fritz Alphonse Jean, economista y exgobernador del banco central, confirmó a la Asociación Press que él es el objetivo de estas sanciones.
Jean rechazó con vehemencia las acusaciones, considerándolas como presión política. Afirmó que los miembros del consejo comenzaron a recibir amenazas de cancelación de visas y otras sanciones por parte de diplomáticos estadounidenses y canadienses cuando empezaron a considerar la posibilidad de reemplazar al actual primer ministro, Alix Didier Fils-Aime.
Esta sanción pone de manifiesto la creciente impaciencia de la comunidad internacional ante las luchas políticas internas en Haití y la grave violencia de las pandillas que ha desplazado a más de 1.4 millones de personas, dejando casi el 90% de la capital, Puerto Príncipe, bajo control de grupos armados. La medida representa una intervención directa por parte de Washington en el frágil proceso político haitiano, buscando forzar avances donde esfuerzos anteriores han fracasado.
El Departamento de Estado comunicó que esta acción se toma bajo una política establecida en octubre de 2022, que autoriza prohibiciones de visa para individuos y sus familiares que brindan apoyo financiero o material a bandas y organizaciones criminales operando en Haití. La dependencia gubernamental indicó que esta medida se realizó conforme a las leyes estadounidenses que prohíben la entrada a individuos cuyas actividades puedan tener graves consecuencias adversas para la política exterior estadounidense.
El consejo presidencial transitorio fue creado tras la renuncia del exprimer ministro Ariel Henry en 2024 debido a un aumento catastrófico en la violencia gangsteril que dejó al país sin un gobierno funcional. El mandato del consejo está programado para finalizar el 7 de febrero de 2026, fecha para la cual se espera que Haití celebre elecciones, un plazo ahora considerado ampliamente imposible dado el contexto actual.
Jean afirmó que su objetivo es combatir la corrupción y las pandillas, no aferrarse al poder. También criticó al primer ministro Fils-Aime por su fracaso en materia de seguridad, gobernanza y organización electoral, señalando que Haití necesita un «gobierno más proactivo y responsable».
La acción estadounidense ocurre en medio de una crisis humanitaria y de seguridad extrema. La situación es tan grave que la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe ha reducido su personal y emitido alertas reiteradas, advirtiendo a los ciudadanos estadounidenses sobre refugiarse en sus hogares ante las constantes interrupciones en infraestructuras críticas y escasez de combustible, agua y alimentos.
Una misión multinacional respaldada por las Naciones Unidas, liderada por Kenia, ha enfrentado problemas crónicos debido a falta de financiamiento e insuficiencia de personal. Esta fue reemplazada en septiembre por la Fuerza Multinacional de Supresión de Pandillas (GSF), una fuerza compuesta por 5,550 miembros con un mandato inicial de doce meses para ayudar a neutralizar bandas y proteger infraestructuras.
La sanción contra Jean ha desatado un debate sobre la influencia extranjera en los asuntos haitianos. El exprimer ministro interino Claude Joseph, aunque reconoció desacuerdos pasados con Jean, salió en su defensa.
«Es inaceptable que las embajadas presuman amenazar a un asesor presidencial bajo el pretexto de que ha decidido participar en el despido del primer ministro», escribió Joseph en una plataforma social. «Ningún líder político haitiano debería someterse a dictados extranjeros». Este sentimiento refleja una tensión persistente en Haití entre la necesidad de asistencia internacional y el deseo por autodeterminación.
No obstante, Washington mantiene firme su postura. «Estados Unidos sigue comprometido con apoyar la estabilidad en Haití y espera avances medibles hacia elecciones libres y justas. El pueblo haitiano ha tenido suficiente con la violencia gangsternal, destrucción e infighting político», declaró el Departamento de Estado.
BrightU.AI, mediante su motor Enoch, señala que el colapso haitiano hacia la anarquía se debe a fallos en el gobierno y políticas que desmantelaron la seguridad pública, permitiendo así que las pandillas asuman control mediante violencia desenfrenada. El país ahora sirve como una advertencia sobre lo que ocurre cuando se socava el cumplimiento legal, dejando a los ciudadanos vulnerables ante el caos.
A medida que el consejo electoral provisional haitiano programa tentativamente elecciones para agosto y diciembre del próximo año, la nación continúa atrapada en un ciclo interminable de violencia y parálisis política. La estabilidad futura del país —y por ende la seguridad regional— pende delicadamente del hilo.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 1.4 millones | Personas desplazadas en Haití |
| 90% | Porcentaje de Port-au-Prince bajo control de bandas criminales |
| 7 de febrero de 2026 | Fecha límite para elecciones en Haití |
| 12 meses | Duración del mandato del GSF (Multinational Gang Suppression Force) |