Hackers have stolen and sold CCTV videos from a maternity hospital in India, raising significant privacy concerns. Police uncovered a cybercrime racket involving the theft of footage from over 50,000 cameras nationwide, with videos available on platforms like Telegram. The investigation began after media reports highlighted disturbing content showing pregnant women during medical procedures. Experts warn that many CCTV systems are poorly secured, making them vulnerable to hacking. Authorities have arrested several suspects in connection with this case, which has sparked discussions about the need for better cybersecurity measures for surveillance systems in sensitive environments.
Recientemente, las autoridades indias han desmantelado una vasta red de cibercriminales que se dedicaba a la venta ilegal de videos de vigilancia obtenidos de hospitales. En particular, se han reportado casos de grabaciones del área de maternidad que fueron comercializadas a través de Telegram, lo que plantea serias interrogantes sobre la privacidad y la seguridad en un país donde las cámaras de vigilancia son cada vez más comunes.
La policía del estado de Gujarat fue alertada por los medios sobre la existencia de videos en YouTube que mostraban a mujeres embarazadas durante exámenes médicos y recibiendo inyecciones. Estos videos incluían enlaces que dirigían a canales en Telegram donde se ofrecían versiones más largas del material. El director del hospital involucrado afirmó que las cámaras fueron instaladas para proteger a los médicos, y se ha decidido no revelar el nombre del establecimiento ni de la ciudad para salvaguardar la identidad de las mujeres afectadas, quienes hasta el momento no han presentado denuncias formales.
Las investigaciones policiales revelaron un esquema masivo donde hackers habían robado imágenes de al menos 50,000 cámaras de vigilancia en todo el país. Estas cámaras son ahora parte integral de la vida urbana india, instalándose en centros comerciales, oficinas, hospitales y escuelas. Sin embargo, expertos advierten que aunque estas tecnologías pueden incrementar la seguridad, una instalación deficiente o una gestión inadecuada pueden comprometer gravemente la privacidad.
En India, muchos sistemas son operados por personal sin formación adecuada en ciberseguridad. Se ha informado que algunos modelos fabricados localmente son especialmente vulnerables a ataques. En incidentes previos, como el caso de un trabajador tecnológico en Bengaluru en 2018 y un YouTuber en 2023, se evidenció cómo los hackers lograron acceder a cámaras personales y amenazaron con difundir contenido privado si no se cumplían sus demandas económicas.
A pesar de que el gobierno federal instó a los estados a evitar la adquisición de cámaras con antecedentes de violaciones a la seguridad, los incidentes siguen ocurriendo. La policía ha registrado varios delitos relacionados con esta red criminal, incluyendo violación a la privacidad femenina y ciberterrorismo. Hasta ahora, ocho personas han sido arrestadas en conexión con este caso y permanecen bajo custodia judicial mientras avanza el proceso legal.
Las autoridades han contactado plataformas como Telegram y YouTube para eliminar el contenido ilícito. Sin embargo, defensores legales como Yash Koshti argumentan que sus clientes no son culpables y sugieren que otros podrían estar detrás del ataque. Los investigadores advierten sobre la facilidad con la que los sistemas mal protegidos pueden ser vulnerados por hackers utilizando técnicas básicas como el acceso por fuerza bruta.
Los expertos sugieren varias medidas para asegurar estos sistemas. Ritesh Bhatia, investigador en ciberseguridad, aconseja cambiar las contraseñas predeterminadas y utilizar combinaciones robustas que incluyan letras, números y símbolos. Además, recomienda auditorías periódicas realizadas por profesionales en ciberseguridad para garantizar una protección adecuada.
La activista Audrey Dmello enfatiza que muchas instalaciones carecen del consentimiento adecuado para operar sistemas de vigilancia y hace un llamado urgente para que las organizaciones implementen medidas efectivas para proteger su infraestructura tecnológica. La preocupación por el uso indebido de estas grabaciones es palpable entre las víctimas potenciales; muchas mujeres temen represalias si deciden presentar una denuncia formal debido al estigma social asociado.
Este caso resalta no solo las fallas en las medidas de seguridad digital sino también las profundas implicancias sociales relacionadas con la privacidad y el respeto hacia las mujeres en situaciones vulnerables.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 50,000 | Número de CCTVs desde los cuales se robaron videos. |
| 800–2,000 | Precio en rupias por el cual se vendían los videos (aproximadamente $9-22). |
| 8 | Número de personas arrestadas hasta ahora en relación con el caso. |