CRISIS POLITICA

El Gobierno de coalición pende de un hilo: Podemos estalla ante nuevas pruebas de corrupción que podrían ser judicializadas

Carlos Pérez | Martes 16 de junio de 2020

El Gobierno de coalición pende de un hilo, de uno cada vez más y más fino. A la cada vez más cuestionada gestión del Ejecutivo se suman nuevas revelaciones de los exabogados de Podemos, quieres fueron despedidos por orden directa de Pablo Iglesias y aún tienen mucho que contar...



José Manuel Calvente y Mónica Carmona no han dado por finalizada su lucha contra la formación morada y el liderazgo cuasi autoritario de la misma por parte de Pablo Iglesias.

Desde que fueran despedidos de Podemos a finales del pasado año, se habrían puesto manos a la obra para recopilar toda la información pertinente con el fin de desenmascarar una presunta trama corrupta dentro del partido para conseguir sobresueldos.

Algo que, fuentes cercanas a la dirección de la formación, habría sido recibido como una verdadera amenaza por parte del propio Iglesias, ahora vicepresidente segundo del Gobierno de España.

Pero la cosa no acaba ahí, ya que su propósito no sería simplemente filtrarlo a la prensa, sino que habrían elaborado cuantiosa documentación para entregar incluso en sede judicial, algo que pondría en un verdadero aprieto al socio de gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Al parecer, al hilo de lo que también ha llegado a oídos de Periodista Digital y otros confidenciales, esta práctica habría sido algo habitual dentro de la formación morada, y es que algunos cargos habrían presentado justificantes de desplazamiento inflados e, incluso, falsos, para cobrar más.

Los que fueran abogados de Podemos tendrían las pruebas definitivas sobre estas graves irregularidades, algo de lo que advirtieron al Departamento de Finanzas del partido, costándoles su despido fulminante.

El propio Calvente aseguró tras su marcha forzada que los verdaderos motivos de su destitución radicaban en que habían descubierto el pago de sobresueldos irregulares, e incluso apuntó a dos personas: el tesorero y la gerente que, siempre según su versión, percibían 900 euros extra de manera ilegal y fiscalmente opaca.

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