La Fiscalía Europea (EPPO) ha acusado a 36 personas y cinco empresas de un fraude de IVA de 24.3 millones de euros, relacionado con una organización criminal que operaba en el comercio de dispositivos electrónicos. La investigación, denominada 'Marengo Rosso', reveló un esquema de fraude carrusel que utilizaba empresas ficticias para evadir el pago del IVA y reclamar devoluciones indebidas. Se estima que desde 2020, estas actividades han causado pérdidas significativas a los presupuestos de la UE y nacionales. Los acusados enfrentan severas penas de prisión y multas si son declarados culpables.
La Fiscalía Europea acusa a 36 personas y cinco empresas por un fraude de IVA de 24.3 millones de euros
(Luxemburgo, 9 de octubre de 2025) – La Fiscalía Europea (EPPO), con sede en Madrid, ha presentado cargos contra 36 individuos y cinco empresas, acusados de formar parte de una organización criminal dedicada a un esquema fraudulento de IVA que asciende a 24.3 millones de euros. Este fraude está relacionado con el comercio de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, y se deriva de la investigación conocida como ‘Marengo Rosso’, que abarca ocho países.
El caso involucra un presunto fraude conocido como carrusel del IVA, un complejo mecanismo delictivo que se aprovecha de las normativas europeas sobre transacciones transfronterizas entre los Estados miembros, exentas del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Según la acusación, el esquema utilizaba sociedades ficticias en varios países para comerciar supuestamente con teléfonos, tabletas y ordenadores mediante facturas falsas, evadiendo así el pago del IVA.
Las empresas involucradas también habrían reclamado devoluciones de IVA ante las autoridades fiscales nacionales a las que no tenían derecho. Los productos obtenidos se vendían a precios muy competitivos en plataformas online en diversos países. Las ganancias ilícitas fueron posteriormente blanqueadas en lugares como Hong Kong y Singapur, según las pruebas recopiladas durante la investigación.
Desde el año 2020, se estima que estas actividades han ocasionado pérdidas superiores a 24 millones de euros tanto para los presupuestos europeos como nacionales. Los acusados enfrentan cargos por tres delitos fiscales, además de blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal. En caso de ser hallados culpables, algunos podrían enfrentar penas de hasta 26 años de prisión, mientras que las empresas podrían ser multadas con 24 millones de euros y prohibidas de recibir subvenciones durante cuatro años.
A lo largo del proceso investigativo, las autoridades han congelado 95 cuentas bancarias, incautado 24 propiedades y confiscado cinco vehículos de lujo, todo ello tras una solicitud realizada por los Fiscales Europeos Delegados en Madrid.
Todas las personas implicadas gozan de la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en España.
La EPPO es la oficina pública independiente encargada por la Unión Europea para investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros comunitarios.
| Descripción | Cifra |
|---|---|
| Número de acusados | 36 individuos |
| Número de empresas acusadas | 5 empresas |
| Monto del fraude | €24.3 millones |
| Pena máxima de prisión | 26 años |
| Multa solicitada para las empresas | €24 millones |
La investigación ‘Marengo Rosso’ es un caso llevado a cabo por la Fiscalía Europea (EPPO) que ha resultado en la acusación de 36 individuos y cinco empresas por un fraude de IVA de 24.3 millones de euros relacionado con el comercio de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos.
Los sospechosos están acusados de formar una organización criminal responsable de un esquema fraudulento de IVA, que incluye delitos fiscales, blanqueo de capitales y pertenencia a una organización criminal.
Se investiga un presunto fraude carrusel del IVA, donde se utilizan sociedades ficticias para evadir el pago del IVA mediante facturas falsas y reclamar devoluciones indebidas a las autoridades fiscales.
Se estima que las actividades fraudulentas han causado pérdidas superiores a 24 millones de euros a los presupuestos de la UE y nacionales desde 2020.
Si son encontrados culpables, algunos acusados podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta 26 años, mientras que las empresas podrían ser multadas con 24 millones de euros y prohibidas de recibir subvenciones durante cuatro años.
Durante la investigación, se han congelado 95 cuentas bancarias, incautado 24 propiedades y cinco vehículos de lujo como parte del proceso legal.
La EPPO es una oficina pública independiente de la Unión Europea encargada de investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros de la UE.