El gobierno de Trump intensifica su agenda de "ley y energía primero" en medio de temores de un cierre gubernamental, presionando a Big Tech para que elimine herramientas que apoyan la resistencia a la inmigración. Apple ha retirado la aplicación ICEBlock tras la presión del Departamento de Justicia, argumentando que pone en riesgo a los agentes de inmigración. Mientras tanto, el Departamento del Interior acelera los permisos energéticos, abriendo más de 13 millones de acres para la minería del carbón y negociando una participación en las operaciones de minerales raros en Groenlandia. Estos movimientos reflejan un estilo de gobernanza centrado en el dominio ejecutivo y la alineación corporativa, generando críticas sobre el corporativismo y la erosión de controles institucionales. A medida que se avecina un posible cierre, la administración reafirma su autoridad federal y busca reconfigurar el equilibrio de poder en Washington.
La administración de Donald Trump ha intensificado sus esfuerzos en diversos frentes, presionando a las grandes empresas tecnológicas para que abandonen herramientas consideradas como apoyo a la resistencia migratoria, aplicando recortes de financiamiento a ciudades no cooperativas y acelerando los planes de desarrollo energético y mineral. Bajo la presión del Departamento de Justicia, Apple ha retirado de su tienda de aplicaciones la aplicación ICEBlock, utilizada para rastrear agentes de inmigración, argumentando que esta pone en riesgo a los funcionarios de inmigración.
Los tribunales han emitido fallos divididos: un juez federal respaldó los recortes de financiamiento a las ciudades santuario, afirmando que el gobierno federal puede retener subvenciones a jurisdicciones que se niegan a colaborar con ICE; otro tribunal anuló el intento de Trump de negar beneficios sociales a inmigrantes indocumentados. A pesar de la amenaza inminente de un cierre gubernamental, el Departamento del Interior ha priorizado los permisos energéticos y el desarrollo de recursos, abriendo más de 13 millones de acres para la minería del carbón y negociando una participación en las operaciones de minerales raros en Groenlandia, fusionando la geopolítica con estrategias corporativas.
Estos movimientos indican un estilo de gobernanza basado en el dominio ejecutivo, la alineación corporativa y la presión judicial. Los críticos lo denominan corporativismo clientelista y advierten sobre la erosión de los controles institucionales; mientras tanto, sus partidarios lo ven como una reafirmación de la autoridad federal y un liderazgo decisivo.
En medio del temor a un posible cierre del gobierno, la administración Trump ha reafirmado su agenda emblemática: una aplicación más estricta de las leyes migratorias junto con políticas energéticas y corporativas agresivas. En una notable demostración del poder ejecutivo sobre las grandes empresas tecnológicas, Apple eliminó aplicaciones que rastrean a ICE tras recibir presiones desde la Casa Blanca y el Departamento de Justicia. El fiscal general Pam Bondi exigió públicamente su retirada, advirtiendo que estas aplicaciones «ponen en riesgo a los agentes de ICE simplemente por hacer su trabajo».
A medida que se avanza en las políticas migratorias, los tribunales han mostrado un respaldo considerable hacia las tácticas administrativas relacionadas con el financiamiento y la jurisdicción. Un juez federal recientemente validó los recortes al financiamiento federal para ciudades santuario, confirmando que se puede retener financiamiento a aquellas jurisdicciones que no colaboran con ICE. Sin embargo, otro tribunal bloqueó el intento del presidente Trump por negar ciertos beneficios sociales a inmigrantes indocumentados, evidenciando los riesgos legales asociados al exceso administrativo.
A pesar del inminente cierre gubernamental, el Departamento del Interior ha priorizado las aprobaciones relacionadas con energía, invocando una excepción para actividades «necesarias». Esto ha permitido avanzar proyectos relacionados con petróleo, gas y carbón mientras otros sectores permanecen estancados. En un retorno a promesas incumplidas, se han abierto 13.1 millones de acres en tierras federales para la minería del carbón—una clara referencia a las promesas realizadas durante la campaña electoral de 2016.
En conjunto, estas acciones reflejan una estrategia más amplia: cultivar un modelo gubernamental donde el decreto ejecutivo, la alineación judicial y el cumplimiento corporativo guían las políticas. Al ordenar efectivamente a Apple que cumpla con sus demandas, revivir industrias fósiles y recortar ayudas a gobiernos locales resistentes, Trump refuerza una filosofía gubernamental basada en control y consecuencias.
Los críticos sostienen que esto representa un corporativismo clientelista—un sistema en el cual las empresas que se alinean obtienen beneficios mientras que quienes disienten son castigados. Los escépticos advierten que el precedente establecido al silenciar plataformas tecnológicas, utilizar fondos discrecionales como arma y subordinar los tribunales amenaza con erosionar los controles institucionales y las normas democráticas.
No obstante, para Trump y sus seguidores, el mensaje es claro: la administración no retrocederá. Se impondrá sobre territorios, infraestructura y aplicación de leyes—mientras la maquinaria supervisora continúa bajo tensión.
A medida que se desarrolla el drama del cierre gubernamental y los gobiernos estatales y locales se preparan para enfrentar sus consecuencias, los riesgos aumentan. Las intervenciones realizadas esta semana podrían marcar un punto crucial en el debate continuo sobre el poder ejecutivo, las obligaciones corporativas y quién establece realmente las reglas en Estados Unidos.