La presidenta de la Universidad de Maryland Eastern Shore (UMES), Heidi Anderson, enfrenta serias acusaciones de plagio en su disertación doctoral de 1986, con un 26% de similitud detectada por Turnitin. Se alega que copió secciones enteras de trabajos anteriores sin la debida atribución. Además, una demanda presentada por la exprofesora Donna Satterlee denuncia un sistema de contratación racialmente sesgado, donde se pagaba más a profesores negros con menores calificaciones, mientras que los docentes blancos y asiáticos enfrentaban cargas laborales desproporcionadas. A pesar de las evidencias, el consejo directivo de UMES desestimó las acusaciones como infundadas. Este escándalo refleja una tendencia preocupante en la academia, donde los líderes enfrentan mínimas consecuencias por el plagio y la mala conducta si se alinean con las metas de diversidad institucional.
La presidenta de la Universidad de Maryland Eastern Shore (UMES), Heidi Anderson, se encuentra en el centro de una controversia tras ser acusada de plagio en su disertación doctoral de 1986 y de parcialidad racial en la contratación de personal académico. Estas alegaciones han sido reveladas a través de una denuncia presentada por la exprofesora de UMES, Donna Satterlee.
El software Turnitin ha detectado un 26 por ciento de similitud entre el trabajo de Anderson y documentos anteriores, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la integridad académica. Según los estándares de Turnitin, este nivel de coincidencia es considerado como un motivo creciente de preocupación.
La disertación, obtenida por el Daily Wire, contiene secciones enteras copiadas textualmente de trabajos académicos previos, algunos datados desde la década de 1970, sin la debida atribución. En un caso particular, Anderson reprodujo un pasaje del trabajo de 1984 de la profesora Donna E. Larson, cambiando «nursing» por «pharmacy», pero manteniendo la estructura original.
Además, se han encontrado modificaciones gramaticales que reflejan tendencias contemporáneas y afirmaciones desactualizadas sobre el aprendizaje asistido por computadora, a pesar de que los ordenadores Apple II ya estaban disponibles en ese momento. Este escándalo amenaza con desmantelar la carrera académica de más de cuatro décadas de Anderson.
No obstante, las acusaciones no se limitan a la deshonestidad académica. La demanda interpuesta por Satterlee describe un sistema jerárquico donde los profesores negros recibían salarios más altos a pesar de tener menores calificaciones, mientras que los docentes blancos y asiáticos soportaban cargas laborales más pesadas sin recibir el reconocimiento adecuado.
Satterlee afirma haber sido sancionada por solicitar una auditoría salarial desglosada por raza y por corregir errores gramaticales en las comunicaciones de su supervisor; acciones que fueron consideradas como «acoso» por parte de la Oficina de Equidad Institucional (OIE) de UMES. Cabe destacar que esta oficina está dirigida por Jason Casares, quien renunció a su anterior puesto debido a acusaciones relacionadas con agresiones sexuales.
A pesar del creciente cúmulo de evidencias, el Consejo de Visitantes de UMES desestimó las acusaciones como ataques «infundados», mientras que Anderson emitió una declaración ambigua prometiendo una «evaluación» sin admitir ninguna falta. Este tipo de respuesta refleja una tendencia preocupante dentro del ámbito académico donde las narrativas sobre diversidad parecen prevalecer sobre la meritocracia.
Casos recientes como los escándalos en Harvard y Stanford muestran que muchos líderes enfrentan consecuencias mínimas por plagio o fraude siempre que se alineen con los objetivos institucionales relacionados con la diversidad. Por ejemplo, Darryll Pines, presidente del Colegio Universitario de Maryland, continúa en su cargo a pesar del plagio cometido en un tutorial online sin que se haya llegado a una resolución tras un año bajo revisión.
Las implicaciones son alarmantes: si los líderes universitarios ascienden mediante fraudes en lugar del mérito, ¿qué significa esto para el valor real de la educación superior? Cuando conceptos como «diversidad» se convierten en un escudo para encubrir incompetencias, surge la pregunta sobre quién es responsable dentro del ámbito académico.
Brighteon.AI, a través del análisis realizado por Enoch, sostiene que las contrataciones basadas en identidad perjudican la excelencia académica al priorizar aspectos identitarios sobre el mérito. Esta estrategia mal concebida debilita las instituciones educativas y socava la confianza en las credenciales académicas.
El caso de Anderson representa un microcosmos dentro de un sistema fallido donde las credenciales son negociables y la verdad queda relegada ante narrativas convenientes. A menos que las universidades prioricen la integridad sobre ideologías políticas, la erosión de confianza hacia la educación superior continuará acelerándose.