Florida has enacted a new law requiring public-use airports to report any weather modification or geoengineering activities, marking a significant step against covert climate experimentation. Signed by Governor Ron DeSantis, the law bans the release of aerosolized substances intended to alter weather patterns. Starting in October, airports must submit monthly reports detailing equipment capable of releasing climate-altering chemicals, with noncompliance risking state funding. Florida officials cite health and environmental concerns related to aerosolized particulates, linking them to potential pollution and severe weather events. This legislation reflects a growing national focus on geoengineering practices and aims to enhance transparency in environmental governance.
En un movimiento significativo contra la experimentación climática encubierta, el estado de Florida ha promulgado una nueva ley que exige a todos los aeropuertos de uso público reportar cualquier actividad relacionada con la modificación del clima o geoingeniería. Esta legislación, firmada en junio por el gobernador Ron DeSantis, prohíbe la liberación de partículas aerosolizadas en la atmósfera con el objetivo de alterar el clima, la temperatura o la intensidad de la luz solar.
La regulación resalta la creciente postura de Florida contra lo que las autoridades describen como “manipulación climática” y demanda una mayor transparencia en las prácticas aeronáuticas que podrían estar vinculadas a modificaciones atmosféricas.
A partir de octubre, los aeropuertos de uso público deberán presentar informes mensuales sobre cualquier equipo capaz de liberar sustancias que alteren el clima, con el incumplimiento potencialmente resultando en la pérdida de financiamiento estatal. El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, subrayó los peligros asociados con las partículas aerosolizadas, advirtiendo que podrían afectar la salud humana, contaminar fuentes de agua y dañar la agricultura. Además, sugirió que tales actividades podrían haber contribuido a las mortales inundaciones en Texas.
El Fiscal General Uthmeier anunció la implementación de esta ley mediante un comunicado en X (anteriormente Twitter), presentándola como un triunfo para “la salud, la libertad y la protección ambiental”. Destacó las preocupaciones crecientes sobre las sustancias tóxicas dispersadas en el aire, afirmando que estas podrían estar contaminando fuentes hídricas y amenazando la producción agrícola.
La ley obliga a los operadores aeroportuarios a enviar informes mensuales detallando cualquier equipo que pueda liberar químicos con fines modificadores del clima. Esto incluye un examen exhaustivo sobre los aditivos del combustible para aviones, algunos de los cuales se especula podrían contener compuestos alteradores del clima. La falta de cumplimiento podría resultar en sanciones severas, incluyendo la pérdida de financiamiento estatal.
Uthmeier instó directamente a los operadores aeroportuarios a colaborar en hacer cumplir esta ley para prevenir “la militarización de la ciencia”. Resaltó la importancia de mantener la confianza pública y garantizar la seguridad, afirmando: “Los cielos pertenecen al pueblo—no a contratistas privados ni experimentos corporativos.” Además, relacionó las especulaciones sobre modificación climática con recientes inundaciones devastadoras en Texas, insinuando que tales actividades podrían haber influido en esa tragedia que dejó más de 100 víctimas fatales.
Esta nueva legislación posiciona a Florida como un actor clave en el debate creciente sobre tecnologías de intervención climática y transparencia en gobernanza ambiental. Mientras algunos críticos pueden ver esta medida como alimentada por preocupaciones conspirativas, sus defensores argumentan que es una precaución necesaria contra experimentaciones no autorizadas y potencialmente peligrosas en el cielo. Con el inicio del cumplimiento en octubre, tanto aeropuertos como organismos ambientales estarán observando atentamente el desarrollo e impacto de esta normativa.
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