Una coalición de 20 estados liderados por demócratas ha presentado una demanda contra la administración Trump por compartir datos de Medicaid con las autoridades migratorias, alegando violaciones a las leyes federales de privacidad. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) proporcionó información sobre millones de beneficiarios de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha generado preocupaciones sobre posibles deportaciones masivas. La demanda, encabezada por el Fiscal General de California, Rob Bonta, sostiene que esta transferencia de datos infringe la Ley de Procedimiento Administrativo y pone en riesgo la confianza pública. Mientras tanto, los republicanos en la Cámara avanzan en recortes dirigidos a residentes no autorizados bajo el argumento de restaurar la integridad del programa Medicaid. Este conflicto resalta las tensiones entre políticas de salud y migración en Estados Unidos.
Una coalición de 20 estados liderados por el Partido Demócrata ha presentado una demanda contra la administración del expresidente Donald Trump, cuestionando la entrega de datos de Medicaid a las autoridades migratorias. Los demandantes alegan que esta acción viola las leyes federales de privacidad.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) proporcionó información sobre millones de beneficiarios de Medicaid al Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que ha generado temores acerca de posibles deportaciones masivas. La administración Trump defiende esta medida, argumentando que es necesaria para prevenir fraudes y proteger los recursos de los contribuyentes.
La demanda, encabezada por el fiscal general de California, Rob Bonta, sostiene que la transferencia de datos infringe la Ley del Procedimiento Administrativo y pone en riesgo la confianza pública. Los documentos judiciales citan que el HHS actuó sin el debido proceso, al no notificar al público sobre cambios significativos en las políticas.
Los datos en cuestión provienen de una directiva del HHS que permite al DHS utilizar información sobre inscripciones en Medicaid para identificar a no ciudadanos, incluidos migrantes no autorizados. Un informe de Associated Press reveló que casi la mitad de los beneficiarios en los estados afectados son no ciudadanos, muchos de los cuales dependen de programas estatales para acceder a atención médica.
Críticos advierten que estos datos podrían ser utilizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para rastrear a poblaciones vulnerables. El fiscal general del estado de Washington, Bob Ferguson, afirmó que esta estrategia representa un intento del gobierno Trump por utilizar los servicios sociales como herramienta contra las comunidades inmigrantes.
Por su parte, el HHS ha rechazado estas acusaciones, sosteniendo que sus acciones son legales y necesarias para combatir el desperdicio. Andrew Nixon, portavoz del departamento, indicó que se desvían más de 5 mil millones anuales hacia no ciudadanos no elegibles. Además, destacó que el protocolo para compartir datos fue limitado y enfocado en cuestiones sistemáticas.
Mientras tanto, los republicanos en la Cámara de Representantes han avanzado propuestas para recortar fondos federales destinados a inmigrantes no autorizados bajo Medicaid. La propuesta del Comité de Energía y Comercio busca excluir aproximadamente 1.4 millones de residentes no autorizados para 2034, aunque los demócratas han criticado esta medida como un intento encubierto para restringir el acceso a ciudadanos estadounidenses.
Este conflicto refleja décadas de batallas políticas sobre la atención médica para no ciudadanos. La Ley de Reforma y Control Migratorio de 1986 limitó la elegibilidad federal para Medicaid entre migrantes no autorizados. Sin embargo, estados liderados por demócratas han ampliado el acceso en respuesta a crisis sanitarias y necesidades económicas.
La actual demanda resalta la fragilidad de estos esfuerzos mientras los presupuestos estatales enfrentan presiones crecientes debido al aumento en las inscripciones. El presupuesto propuesto por California para 2025 incluye recortes significativos a la atención médica no urgente para residentes no autorizados.
A medida que avanza este caso legal, se anticipa que tendrá repercusiones significativas sobre cómo se equilibran la seguridad nacional, el bienestar social y las libertades civiles en Estados Unidos. Como advirtió uno de los abogados demandantes: “Una vez que se erosiona la barrera entre atención médica y aplicación de la ley, esa confianza se pierde para siempre.”
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 20 | Estados demandantes en la demanda contra la administración Trump. |
| 5,000,000,000 | Dólares mal dirigidos anualmente a no ciudadanos inelegibles. |
| $53,000,000 | Monto que California tuvo que reembolsar en 2024 por reembolsos impropios. |
| 1,400,000 | Número aproximado de residentes no autorizados excluidos por la propuesta de presupuesto. |