Seis personas, incluyendo a cuatro individuos y dos empresas, han sido acusadas en Croacia por fraude en subvenciones agrícolas, lavado de dinero y falsificación de documentos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) presentó la acusación tras una investigación que reveló que entre enero de 2015 y octubre de 2023, los acusados presentaron solicitudes fraudulentas para obtener más de 2.5 millones de euros en fondos de la Unión Europea destinados a la agricultura. Se alegó que uno de los acusados utilizó documentación falsa para obtener pagos indebidos, lo que podría resultar en penas de hasta 10 años de prisión y multas significativas para las empresas implicadas. Para más detalles, visita el enlace.
Luxemburgo, 2 de junio de 2025 – La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha presentado una acusación en Zagreb, Croacia, contra cuatro individuos y dos empresas por fraude en subsidios, lavado de dinero y falsificación de documentos. Esta acción se deriva de una exhaustiva investigación sobre irregularidades en la financiación agrícola.
La investigación revela que, entre enero de 2015 y octubre de 2023, uno de los acusados, quien es fundador de una de las empresas implicadas y gerente operativo de la otra, coordinó con los demás acusados la presentación de una solicitud para obtener apoyo financiero de la Unión Europea. Esta solicitud estaba relacionada con el programa «Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas» y ascendía a más de 2.5 millones de euros, cofinanciada hasta en un 85% por el Fondo Agrícola Europeo para el Desarrollo Rural (EAFRD) y el resto por el presupuesto estatal croata.
Según las evidencias recolectadas, esta acusada solicitó los fondos en nombre de su empresa, afirmando falsamente que cumplía con los requisitos necesarios para ser beneficiaria. En su declaración, aseguró que no existía conflicto de interés con proveedores y que realizaría una inversión aproximada de 1.6 millones de euros en el proyecto propuesto, además de comprometerse a continuar con el desarrollo agrícola durante al menos cinco años.
Una vez aprobada la subvención, presentó una serie de documentos falsificados ante la Agencia Pagadora para Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, logrando así obtener un pago cercano a 1.5 millones de euros. Posteriormente, se retiró periódicamente parte del subsidio en efectivo desde la cuenta empresarial y desvió fondos hacia otras compañías relacionadas para encubrir el rastro del dinero ilícito.
Además, se le imputa haber presentado solicitudes fraudulentas para pagos directos a través del Sistema Integrado de Administración y Control (IACS), alegando cumplir con los criterios requeridos mediante la obtención engañosa del arrendamiento de extensas tierras agrícolas estatales. Entre mayo de 2019 y julio de 2021, logró presentar tres solicitudes que contenían información falsa, obteniendo indebidamente un adicional de 57.545 euros.
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar penas combinadas que alcanzan hasta diez años por fraude en subsidios, ocho años por lavado de dinero y cinco años por falsificación. Asimismo, las empresas involucradas podrían recibir multas que suman hasta 929.000 euros.
La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada dentro de la Unión Europea para investigar y procesar delitos que afectan sus intereses financieros.
| Descripción | Cifra (EUR) | Cifra (HRK) |
|---|---|---|
| Valor total de la solicitud de subsidio | 2,500,000 | 19,351,437.99 |
| Subsidio obtenido | 1,500,000 | 11,394,392.76 |
| Inversión prometida en el proyecto | 1,600,000 | 12,000,000 |
| Pagos adicionales obtenidos fraudulentamente | 57,545 | 433,574.16 |
Seis individuos, incluidos cuatro personas y dos empresas, han sido acusados de fraude de subsidios, lavado de dinero y falsificación de documentos.
Se ha investigado un fraude relacionado con la obtención de fondos agrícolas de la Unión Europea, específicamente a través del programa "Apoyo a inversiones en explotaciones agrícolas".
Se estima que los acusados obtuvieron aproximadamente 1.5 millones de euros mediante solicitudes fraudulentas y documentos falsificados.
Si son hallados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta 10 años de prisión por fraude de subsidios, hasta 8 años por lavado de dinero y hasta 5 años por falsificación, además de multas significativas para las empresas involucradas.
La EPPO es responsable de investigar y procesar delitos contra los intereses financieros de la Unión Europea, como es el caso del fraude agrícola mencionado.