La Corte Suprema de EE. UU. ha autorizado al gobierno de Trump a deportar a más de 532,000 migrantes beneficiados por el programa de parole CHNV, implementado durante la administración Biden. Esta decisión, que revoca un fallo de un tribunal inferior, ha generado preocupaciones sobre el sufrimiento humano y la separación familiar. El programa permitía estancias temporales para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, pero fue criticado por su laxitud en los procesos de verificación. La medida podría resultar en la deportación de casi 900,000 migrantes, marcando una de las acciones más significativas en la historia moderna de la inmigración en EE. UU. Los defensores del fallo argumentan que es necesario para mantener la seguridad fronteriza, mientras que los opositores advierten sobre las condiciones peligrosas a las que podrían enfrentarse los deportados.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha tomado una decisión trascendental al permitir que la administración del expresidente Donald Trump proceda con la deportación de aproximadamente 532,000 migrantes que habían sido beneficiados por el programa de parole CHNV, implementado durante la era Biden. Este fallo revoca una resolución de un tribunal federal en Boston que exigía consideraciones individualizadas para cada caso.
Con un voto de 7 a 2, la corte otorga a la administración Trump la autoridad inmediata para cancelar permisos de trabajo y comenzar las deportaciones, a pesar de que aún se encuentra en curso litigios relacionados. Esta medida se clasifica como una de las acciones más amplias en materia de cumplimiento de leyes migratorias en la historia reciente. Los deportados incluyen a 110,240 cubanos, 211,040 haitianos, 93,080 nicaragüenses y 117,320 venezolanos, quienes ingresaron al país bajo un programa que ha sido criticado como una “amnistía encubierta” que elude el control del Congreso.
La decisión del alto tribunal surge a raíz de una orden ejecutiva emitida por Trump en enero, que instruyó a la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a terminar con el programa CHNV. Este programa, iniciado bajo la administración Biden en 2021, permitía a migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresar temporalmente a Estados Unidos si cumplían con ciertos requisitos de verificación y no habían ingresado ilegalmente antes.
Biden presentó esta iniciativa como una forma de “alivio humanitario” ante la inestabilidad política y las crisis económicas en los países de origen. Sin embargo, la administración Trump argumentó que este programa constituía un abuso del sistema de parole que comprometía la seguridad fronteriza. La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, afirmó que había indicios de fraude en las solicitudes de patrocinadores y deficiencias en los protocolos de verificación.
Los magistrados disidentes advirtieron sobre el sufrimiento humano innecesario que podría resultar del fallo. Resaltaron los riesgos asociados con la separación familiar y la inestabilidad en los países de origen. La Justicia Ketanji Brown Jackson expresó su desacuerdo al señalar que esta decisión permite al gobierno infligir un daño significativo a casi medio millón de familias antes incluso de que se escuchen sus reclamos legales.
A pesar del reconocimiento por parte del DHS sobre las condiciones inciertas para aquellos que sean repatriados a sus países, enfatizó que los migrantes aún podrían presentar solicitudes individuales de asilo. Sin embargo, los tribunales están abrumados y los retrasos en el procesamiento pueden extenderse por años.
El fallo también refleja una estrategia más amplia dentro del enfoque migratorio del expresidente Trump, quien ha buscado poner fin al Estatus Temporal Protegido (TPS) para 350,000 venezolanos y reinstaurar medidas estrictas como el Título 42. Las autoridades sostienen que estos cambios buscan estabilizar los patrones migratorios y prevenir el abuso del sistema de asilo.
No obstante, críticos han calificado esta acción como punitiva. La representante Nydia Velázquez acusó a la administración actual de explotar interpretaciones legales excesivamente restrictivas al deportar a medio millón de personas basándose en tecnicismos. A medida que avanza este proceso legal, queda claro que el caso CHNV simboliza una creciente división nacional respecto a los aspectos morales y legales relacionados con la inmigración.
A medida que comienzan las deportaciones, este fallo pone en relieve un cruce crítico entre políticas migratorias y justicia social. Para muchos conservadores, representa un retorno a la autoridad administrativa frente lo que consideran un exceso ejecutivo; mientras tanto, para defensores de derechos humanos es un ejemplo alarmante del desmantelamiento del debido proceso legal.
Fuentes:
| Categoría | Cifra |
|---|---|
| Migrantes a deportar | 532,000 |
| Cubanos incluidos | 110,240 |
| Haitianos incluidos | 211,040 |
| Nicaragüenses incluidos | 93,080 |
| Venezolanos incluidos | 117,320 |