La administración de Trump intensifica la represión contra las ciudades y estados santuario que protegen a inmigrantes ilegales. Mediante una orden ejecutiva, se instruye al Departamento de Justicia y al Departamento de Seguridad Nacional a retener fondos federales de aquellas jurisdicciones que no cooperen con las autoridades migratorias. La medida busca cortar financiamiento a localidades que obstruyan la aplicación de la ley de inmigración, liberando a criminales indocumentados y desafiando solicitudes de detención. Trump argumenta que estas políticas ponen en riesgo la seguridad nacional y violan leyes federales. A pesar de las críticas sobre el impacto en la confianza comunitaria, los defensores consideran que es un cumplimiento necesario de sus promesas electorales para proteger la seguridad pública. Para más detalles, visita el enlace: https://biblioteca.cibeles.net/trump-administration-escalates-crackdown-on-sanctuary-cities-and-states-that-shield-illegal-immigrants/.
La administración del presidente Donald Trump ha intensificado su postura contra las ciudades y estados que actúan como «ciudades santuario», es decir, aquellos que no colaboran con las autoridades federales de inmigración. A través de una orden ejecutiva, se ha instruido al Departamento de Justicia (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a retener fondos federales destinados a estas localidades que se niegan a cooperar.
El mandato establece que se cortarán los recursos financieros a aquellas ciudades y condados que obstaculicen el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), liberen a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales o ignoren solicitudes de detención. Ejemplos citados incluyen casos en Massachusetts, donde se liberaron sospechosos de abuso infantil, y en Filadelfia, donde un delincuente deportado fue puesto en libertad.
Trump sostiene que las políticas de refugio ponen en riesgo la seguridad nacional y violan leyes federales, argumentando que están protegiendo a inmigrantes ilegales con antecedentes delictivos. Mientras tanto, críticos advierten que esta medida podría dañar la confianza entre las comunidades y la policía local. Sin embargo, el presidente y sus partidarios defienden la orden como un cumplimiento de sus promesas electorales para garantizar la seguridad pública.
La secretaria de prensa Karoline Leavitt presentó la política como clara: las jurisdicciones deben acatar la ley federal y dejar de obstruir las acciones del ICE para eliminar amenazas a la seguridad pública.
En este contexto, Trump firmó una orden ejecutiva que autoriza a los funcionarios del DOJ y DHS a identificar y publicar las jurisdicciones santuario. Esta medida incluye recortes en financiamiento para aquellos que no cumplan con las solicitudes de detención o interfieran con el trabajo del ICE. Además, se prevé el inicio de demandas contra aquellas localidades que desafíen esta normativa.
A pesar de las críticas, varios líderes locales han expresado su intención de resistir la implementación de esta orden, argumentando que infringe los derechos estatales y puede perjudicar los esfuerzos comunitarios por mantener la paz. El senador Dave McCormick ha manifestado su apoyo a la iniciativa durante una conferencia de prensa en Filadelfia, calificándola como una decisión acertada.
McCormick afirmó: «No es una idea nueva; es lo que el presidente prometió durante su campaña». Por otro lado, funcionarios de la Casa Blanca han reafirmado su posición, instando a todos los niveles gubernamentales a cumplir con la ley federal sin obstrucciones.
Este enfoque refleja una clara estrategia por parte del gobierno para abordar lo que consideran una crisis en torno a la inmigración ilegal, enfatizando la necesidad urgente de hacer cumplir las leyes migratorias para proteger la soberanía nacional.
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