El Parlamento no investigará la venta de armas a Angola

El Parlamento no investigará por falta de tiempo ante el próximo fin de la Legislatura si triplicar el precio de las armas vendidas a Angola, como medio de obtener comisiones millonarias, es un hecho aislado o una práctica común que se extiende a otros países africanos y de Oriente Medio. La “Marca España” sufre un duro golpe al asociarse con hábitos corruptos y blanqueo de capitales.

Parlamentarios populares y socialistas creen necesaria la creación de una comisión de investigación sobre las exportaciones de armamento, tras las denuncias de los medios de comunicación acerca delas investigaciones a DEFEX por una fraudulenta venta de armas a la policía de la República de Angola.

DEFEX es la empresa pública de exportación de bienes de servicio y armamento, dependiente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

Las buenas intenciones para abordar una investigación parlamentaria a raíz de las informaciones sobre comisiones millonariasy blanqueo de capitales en paraísos fiscales por la venta de armas son un brindis al sol. La legislatura prácticamente ha concluido, ya que a la vuelta del verano se procederá a la disolución de las Cámaras para encarar las elecciones generales.

Las fuentes parlamentarias consultadas ponen de manifiesto la necesidad de llegar hasta el finaldel “caso Angola” con todas sus ramificaciones para descubrir las “manzanas podridas” y que sirva de escarmiento, opinión que comparte mayoritariamente la industria de Defensa, sector tecnológico que aporta el 1% al PIB y emplea a más de 50.000 personas.

El sector se encuentra ante una delicada situacióntras la caída de los presupuestos de Defensa a causa de la crisis económica, al excesivo fraccionamiento, con casi medio millar de pequeñas empresas, y el alto grado de dependencia de la tecnología extranjera; todo ello convierte a la industria española de Defensa en escasamente competitiva.

Empañar la imagen exportadora del Estado en el capítulo de la Defensa -DEFEX es al fin y al cabo una empresa pública- supone un mazazo a las iniciativas puestas en marcha en los dos últimos años por el sector industrial con apoyo del Ministerio de Defensa para dar a conocer los productos españoles en los principales mercados mundiales.

Con más de 4.000 millones de euros en 2014, España ha duplicado por diez la venta de armamento en la última década y se ha convertido es el séptimo mayor exportador de armas del mundo, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI). Las ventas españolas representan el 3% del mercado global, un porcentaje similar al de Italia.

Revés para la “Marca España”

Al mismo tiempo, el “caso Angola” representa una pérdida de credibilidad para la “Marca España”, tanto a nivel global como particularmente en el continente africano donde nuestro país tiene intereses estratégicos cada día mayores como son: la presión demográfica del África Subsahariana, el crecimiento del yihadismo en el Sahel y la fuerte implantación empresarial en el Magreb.

Una imagen negativa de España, vinculada a prácticas corruptas, debilita las relaciones diplomáticas, obstaculiza los acuerdos políticos entre estados y crea desconfianza hacia las empresas españolas que quieren invertir en el continente africano. Para altos funcionarios consultados por MIL21, debe caer todo el peso de la Justicia sobre la trama que ha operado a la sombra de DEFEX por el enorme daño causado.

Depurar responsabilidades

El principal objetivo de la comisión de investigación, en el caso de que en la próxima legislatura llegase a constituirse, sería, a juicio de las fuentes parlamentarias, depurar responsabilidades, fortalecer los mecanismos de control y lograr un estándar de transparencia mediante un “manual de buenas prácticas” que sea de obligado cumplimiento por todas las empresas del sector, públicas y privadas, y obligue a denunciar cualquier práctica ilegal.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Audiencia Nacional, según ha revelado la Cadena SER, señalan que la empresa pública DEFEX fue durante diez años, de 2003 a 2013, “un nido de corrupción sin control y con la garantía del Estado”, con el cobro de comisiones millonarias en las operaciones de venta de material militar a países de África, como Angola o Camerún, y de Oriente Medio, principalmente Arabia Saudí.

La SEPI, con el 51% de participación en DEFEX, enfoca su estrategia en salvar la cara a la empresa exportadora y que, en el caso de que exista alguna irregularidad o delito, “no sea de ninguna forma imputable” a ésta, sino que los responsables de la misma en ese periodo acrediten que su actuación se ajustó “a la más estricta legalidad y conforme a derecho”.

El escándalo estalló en 2008 por la supuesta desviación de fondos de un contrato de 152,9 millones de euros para equipar a la policía nacional de Angola por parte de la UTE formada por DEFEX y Comercial Cueto 92 SA.

Al país africano sólo llegó equipamiento valorado en 50 millones; el centenar restante fue repartido, presuntamente, en comisiones entre los miembros de la trama en España y funcionarios angolanos. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que investigó lo sucedido, señaló que el contrato de Angola “no es un hecho aislado”. Una inmejorable pista de la que seguir tirando.

Inflar el precio tres veces
El modus operandide la trama consistía en aumentar entre un 200 y un 300 por ciento el precio del equipo policial exportado para luego repartirse las comisiones, que eran depositadas en cuentas de Luxemburgo, Hong Kong, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Madeira, Gibraltar, Suiza y Singapur. Sólo a Luxemburgo fueron desviados 41 millones de euros.

El juez Pablo Ruz -en la Audiencia Nacional en el momento de la instrucción de la causa- envió a prisión en julio de 2014 a la abogada Beatriz García Paesa (48 años), tras ser detenida en Luxemburgo donde tenía su bufete, por desviar y blanquear dinero por la venta de dicho material policial a Angola.

El magistrado atribuyó a la sobrina del antiguo agente de los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior cuya identidad fue desvelada a raíz delcaso Roldán, la constitución y gestión de varias empresas en las Islas Vírgenes británicas desde las que se realizaron transacciones a funcionarios públicos angoleños y de sociedades relacionadas con los querellados.

En octubre de ese mismo año la Audiencia Nacional dejó en libertad bajo fianza de 100.000 euros a la abogada. En la causa también están imputados el expresidente de DEFEX José Ignacio Encinas Charro (cesó en mayo de 2012); el consejero delegado de Cueto 92, Juan Carlos Cueto Martín; el exdirectivo de DEFEX Ángel María Larumbe Fernández (coronel retirado); el directivo de la empresa Manuel Iglesias-Sarriá Fernández de Navarrete; y la esposa de Cueto, Icíar de Yraola.

Desglose del material policial vendido a Angola

• 1.000 escopetas de calibre 12
• 10.000 bombas lacrimógenas
• 6.000 bombas de humo
• 17.000 pelotas de goma
• Grilletes
• Máscaras antigás
• Vehículos blindados
• Camión lanza agua antidisturbios